2024-09-06 13:00:40
El nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, recibe este viernes a responsables del centro y la derecha, antes de mantener a mediodía un cara a cara con el presidente, Emmanuel Macron, en sus primeras consultas una vez instalado en el cargo con vistas a la formación de su Gobierno.
El antecesor de Barnier, Gabriel Attal, que le pasó este jueves el relevo, fue el primero en llegar a la residencia oficial de Matignon, antes de que lo hicieran los principales dirigentes de Los Republicanos, el partido conservador al que pertenece Barnier, cuyo entorno ha hecho saber que ha mantenido contactos por teléfono con otro exprimer ministro de Macron, Edouard Philippe, con el líder centrista François Bayrou y con el expresidente conservador Nicolas Sarkozy. También con los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, la macronista Yaël Braun-Pivet (de la Asamblea Nacional) y el conservador Gérard Larcher (del Senado).
El entorno de Barnier asegura que el nuevo primer ministro también ha contactado con personalidades de la izquierda -sin detallar a cuáles- y que tiene intención de hablar con algunas más, así como con responsables de la extrema derecha. Se trata de aplicar una de las reglas que él mismo se fijó en el traspaso de poderes el jueves cuando dijo que “habrá que escuchar mucho” y mostrar “respeto con todas las fuerzas políticas que están representadas” en el Parlamento. Esas palabras no han modificado la actitud del Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas vencedora de las elecciones legislativas de julio, que reprocha al jefe del Estado no haber nombrado como primera ministra a su candidata, Lucie Castets.
El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, ha vuelto ha denunciar este viernes que Macron haya elegido a un miembro del cuarto partido del Parlamento, que solo obtuvo el 6% de los votos. Faure, que garantizó que “ninguna personalidad socialista entrará” en el Gobierno de Barnier e insistió en que la elección de esa figura como primer ministro se explica como un gesto en dirección de la extrema derecha, “de la que depende su supervivencia”.
Manifestaciones contra Barnier y Macron
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Otro de los líderes de la coalición izquierdista, el coordinador de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, ha repetido la consigna lanzada el jueves por su jefe de filas, Jean-Luc Mélenchon, de que nombrar a Barnier “es un robo de las elecciones legislativas” y reiteró su llamamiento a manifestaciones contra esa decisión y contra Macron que ha convocado para este sábado su partido y otras formaciones y sindicatos de izquierdas en 150 ciudades de Francia.
En paralelo, Bompard recordó que La Francia Insumisa, gracias al voto de 81 diputados, ha presentado una moción para la destitución de Macron que espera que pase el primer filtro de la mesa de la Asamblea Nacional, en la que el bloque de izquierdas tiene mayoría, y que además ha recibido el apoyo de 250.000 firmas en forma de una petición. La moción, en cualquier caso, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante, ya que necesitaría recabar el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, es decir, de buena parte de la derecha.
El programa del Gobierno
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Barnier avanzó el jueves algunas de las que serán sus prioridades una vez que constituya su Ejecutivo, entre las cuales fijó “decir la verdad sobre la deuda financiera y ecológica“, poner el acento en la educación, aumentar la influencia de Francia en Europa, así como algunas orientaciones claramente de derecha como el control de la inmigración y la lucha contra la inseguridad. El veterano político conservador elaboró un programa muy orientado hacia la derecha cuando se presentó en 2021 a las primarias de su partido para designar el candidato que se presentaría al Elíseo al año siguiente, en las que quedó eliminado en la primera vuelta.
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En aquel entonces, no solo proponía retrasar la edad mínima de jubilación a los 65 años -uno más que la reforma que finalmente aprobó hace un año y medio Macron con una fortísima oposición en la calle y en el Parlamento-, sino que prometía una “estricta trayectoria de ahorro” en el gasto público y un “control de la deuda”. Sobre la inmigración, pretendía establecer una “moratoria” de tres a cinco años para “detener inmediatamente las regularizaciones, limitar rigurosamente la agrupación familiar y reducir la acogida de estudiantes extranjeros”.
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