2024-10-15 08:11:00
Los planes de construcción de vivienda de la Comunidad Valencia, una vez más en jaque. Seis lotes de los ocho que conformaban la segunda fase del programa de colaboración público-privada de la Entitat Valenciana d’habitatge i sòl han quedado desiertos, no han recibido ofertas, motivo por el que solo se construirán 169 pisos de los 721 inicialmente prometidos.
La empresa pública sacó al mercado a mediados de año doce suelos en Benidorm, Jávea, Villajoyosa, Castellón, Benifaió, El Puig de Santa María, Sagunto y Valencia destinados a la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible. Esta fue la segunda fase de un plan que se inauguró en octubre del pasado año con la licitación de 1.090 viviendas, que en primera instancia también quedaron desiertas, aunque en un segundo proceso fueron adjudicadas a Urbania y Visoren, con el apoyo de pequeñas mutuas aseguradoras.
En esta segunda fase, solo pujaron dos empresas por dos de los ocho lotes, el número uno y el siete: la promotora Culmia y dos sociedades vinculadas a la constructora Grupo Cívica, aunque la oferta enviada por este último consorcio fue excluida por no cumplir con la garantía, en forma de aval bancario, exigida en el pliego. Por este motivo, al quedarse Culmia como único licitador, ha resultado adjudicatario.
La promotora participada por el fondo norteamericano Oaktree y liderada por Francisco Pérez levantará 91 viviendas en Benidorm y 78 en Valencia. A cambio, la compañía obtendrá el derecho de alquilar los inmuebles durante 75 años, que deberán ser energéticamente eficientes, ya que se benefician de las subvenciones incluidas en los fondos europeos canalizados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los futuros pisos se arrendarán a un precio de 10,46 euros por metro cuadrado al mes, equivalente a pagar una renta de alrededor de 730 euros por un inmueble tipo de 70 metros cuadrados. Culmia deberá hacerse cargo de la conservación y mantenimiento de los edificios durante la duración del contrato, además de la gestión y explotación de las viviendas.
Problemas de las administraciones para promover vivienda
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El fracaso en la licitación de la Entitat Valenciana d’habitatge i sòl es una más entre las diferentes que han aprobado varias administraciones públicas. Varios lotes de planes de la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid, incluso de la Junta de Andalucía, han quedado desiertas en los últimos meses al no despertar el interés de los inversores. Este ha sido el caso del Plan Vive de Madrid, que en su última fase no cubrió todos los suelos ofertados —aunque posteriormente en adjudicación directa, sí—, el concurso del Consistorio de la capital para desarrollar casas en alquiler durante quince años o el de la administración de Juanma Moreno para promover 1.039 viviendas destinadas a arrendamiento asequible en parcelas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
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El principal motivo es el bajo retorno que se ofrece al capital que podría entrar en este tipo de operaciones, en las que, por un lado, participan promotoras o constructoras que se encargan de la edificación de las viviendas y, por otro, fondos que se quedan los activos en explotación una vez terminan las obras y entran los primeros inquilinos. En algunos planes, además, se han licitado lotes muy pequeños y en ubicaciones secundarias, que dificulta aún más alcanzar la rentabilidad propuesta. A estas casuísticas hay que sumar el contexto de tipos de interés, que iniciaron su escalada en 2022 y han dificultado aún más cuadrar los números.
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