2024-08-27 18:00:11
El Gobierno ha vuelto esta semana de las vacaciones de verano con el reto de desatascar su agenda de medidas económicas, en buena medida congelada desde la formación del Ejecutivo el pasado noviembre. La dificultad de garantizarse los apoyos parlamentarios necesarios -con sonoras derrotas en las cámaras como la de la reforma del subsidio por desempleo en enero o la de la senda de objetivos de déficit y deuda en julio- le ha hecho pisar el freno en los primeros meses de la legislatura. Una vez aprobada la ley de amnistía y cerrado el ciclo de procesos electorales con la formación del Govern de Salvador Illa, la mayor incertidumbre que encara la agenda legislativa gubernamental es si podrá sumar el apoyo de ERC y Junts, con ambos partidos afrontando congresos clave en los próximos meses.
Su primera y mayor piedra de toque es la de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, con el reto previo de la aprobación de la senda de déficit y deuda hasta 2027 para las administraciones central, autonómicas y locales. El Congreso tumbó el 23 de julio una primera senda propuesta por el Consejo de Ministros y lo hizo con el voto en contra de Junts, que se sumó a los de PP y Vox. Ahora el Ejecutivo debe someter a votación una nueva senda antes de poder presentar en el Parlamento un proyecto de ley de cuentas públicas para el año próximo.
Según la ley de estabilidad presupuestaria, la nueva senda debía haber sido llevada al Congreso antes del 23 de agosto, pero no ha sido así. “Nuestra intención es presentar los presupuestos en tiempo y forma. Una vez que el Gobierno cumpla su tarea, serán las fuerzas parlamentarias las que tendrán que decidir“, ha asegurado este martes su portavoz, Pilar Alegría. Con todo, también suena la posibilidad de prorrogar una vez más los de 2023, como ya se hizo el año pasado para el presente ejercicio.
Banco de España
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Antes de eso, el Gobierno tendrá que tomar una decisión relevante, pero para la que no necesita apoyos. El próximo 11 de septiembre vence el mandato de Margarita Delgado, subgobernadora y gobernadora en funciones del Banco de España desde que hace más de dos meses acabó el de Pablo Hernández de Cos. El Gobierno ha asegurado que nombrará a sus sustitutos antes de dicha fecha. Tras el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comenzó a negociar con el PP para mantener la tradición de que el Gobierno elija a un gobernador asumible para el principal partido de la oposición y este actúe de forma recíproca con el subgobernador. Sin embargo, su propuesta de nombrar gobernador al ministro José Luis Escrivá ha provocado un rechazo rotundo de los populares.
El pacto no es imprescindible: la elección del gobernador es por ley potestad del presidente del Gobierno, mientras que el subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del gobernador. Pero en el caso de que finalmente no se alcance un entendimiento, la polémica está garantizada, ya que se romperá la tradición vigente desde 1994 de consensuar el relevo de los dos principales cargos del organismo supervisor. Sería la primera vez desde 2006, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 2012 hubo acuerdo, mientras que en 2018 no hubo estrictamente un pacto, pero cada uno de los dos principales partidos pudo elegir a uno de los candidatos.
Proyectos pendientes
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Otra negociación abierta es la que mantiene el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal para acordar un proyecto legislativo que acorte la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. El departamento de Yolanda Díaz tiene intención de retomar las conversaciones en septiembre, pero ya ha transmitido que si no hay pacto seguirá adelante, con lo que será otra iniciativa que deberá superar la fragmentación parlamentaria. Asimismo, el Gobierno también tiene que articular en algún tipo de proyecto normativo y llevar a las cámaras el pacto que alcanzó a finales de julio con los agentes sociales para la reforma de la jubilación parcial y activa.
Tras unos primeros meses de legislatura que dejaron un balance normativo escaso, el Ejecutivo se fue de vacaciones con la intención de pisar el acelerador. Prueba de ello es que el Consejo de Ministros aprobó entre mayo y junio cuatro proyectos de ley y los remitió al Congreso para su tramitación. Son los relativos a la transposición de una directiva europea que amplía el tipo de vehículos que deben contar con un seguro de responsabilidad civil para circular (como los patinetes eléctricos); otra transposición europea que establece un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales; la reforma de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para ampliarlo a más sectores; y la modificación de las leyes de navegación y seguridad aérea.
Leyes en el Congreso
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En la Cámara Baja hay actualmente una decena de iniciativas impulsadas por los ministerios económicos, pero la gran mayoría sigue en los estados iniciales de la tramitación parlamentaria. Tan solo un proyecto de ley, el relativo a la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes, está listo para ser debatido en comisión tras haber finalizado los plazos para el registro de enmiendas. Sin embargo, lleva en ese punto muerto desde finales de marzo.
Otras iniciativas corren aún peor suerte. El proyecto de ley de movilidad sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de febrero, acumula 18 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas. La intención inicial del Ejecutivo, que recuperó el texto que ya aprobó en 2022, era tener aprobada esta ley antes de final de año y, por el momento, será el 4 de septiembre cuando la Mesa de la Cámara Baja decida si da aún más tiempo a los grupos para registrar modificaciones. Una situación similar sucede con el proyecto para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
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El Gobierno también dejó durmiendo en un cajón los proyectos de ley provenientes de la tramitación de varios decretos. Algunos, como el aprobado en enero y que contenía medidas contra la crisis derivada de la guerra en Ucrania y en Gaza, han caído ya en el olvido. Sin embargo, el Ejecutivo se ha comprometido a modificar otros dos reales decretos por esta vía, convalidados poco antes del verano: el que prohíbe los lanzamientos de vivienda de familias vulnerables y el que incluye mejoras en conciliación familiar y protección por desempleo.
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