2024-08-27 14:20:32
El Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivó milagrosamente este lunes su página web para anunciar su acatamiento de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la victoria “inapelable” de Nicolás Maduro. La alegada interferencia externa de su sistema informático que impidió presentar los resultados desagregados de los comicios en tiempo y forma concluyó de modo tan inexplicable como en el momento previo de desarreglo. El problema parece haberse superado en melodiosa sintonía con el pronunciamiento de TSJ. Superada la amenaza informática fronteras afuera, el madurismo se enfrenta otra vez con las consecuencias de un creciente aislamiento internacional y un déficit de legitimidad que ahora incorpora a fuerzas progresistas de la región.
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos ya habían tomado distancia con el Palacio de Miraflores tras los controvertidos comicios de 2018 en los que Maduro compitió prácticamente contra sí mismo y por la deserción opositora. A instancias de Donald Trump, parte de la UE y la región aceptó la “autoproclamación” de Juan Guaidó como “presidente encargado”, en enero del año siguiente. Guaidó se desinfló y los apoyos comenzaron a esfumarse. La novedad actual frente a la contienda anterior está en el rechazo a los resultados del presidente chileno de izquierdas, Gabriel Boric, pero también, en la posición que han asumido sus colegas de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes de una manera escueta pero no menos filosa dijeron apenas “tomar nota” del dictamen del TSJ. Al mismo tiempo, mantuvieron su petición de una transparencia en el escrutinio que nunca llegó y, a estas alturas, tampoco llegará. Los dos referentes de la izquierda pagan un precio político al interior de sus países y sus propias fuerzas por lo que es interpretado como un fracaso de sus buenos oficios. México se llamó a silencio. Sin embargo, se abstuvo de legitimar el dictamen del TSJ.
Con este panorama, Maduro se prepara para gobernar hasta 2031 con mano de hierro, si es necesario, y con un nuevo dispositivo legal que limite mucho más las acciones de sus adversarios.
Lo regional y lo global
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La crisis venezolana es una crisis regional con epicentro en un país que ha expulsado a millones de ciudadanos a sus vecinos y Estados Unidos. Una reactivación del éxodo supone un problema añadido. No el único. Horas atrás, el autócrata nicaragüense Daniel Ortega acudió en ayuda de Maduro y criticó con vehemencia a Lula. “La forma en la que te has comportado ante el presidente legítimo de Venezuela es vergonzosa, repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los Gobiernos serviles, traidores y arrastrados de América Latina”. Managua ya había roto las relaciones con Brasil.
Es dudoso que Cuba, el otro país que saludó la victoria del “presidente obrero” se permita perder la voz del tamaño político como Brasil en el concierto mundial. Lula se ha posicionado en contra de las sanciones económicas contra La Habana e incluso, en estos momentos de disidencias, contra Caracas.
El efecto de las futuras presiones
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Los analistas se preguntan cuál es el margen de eficacia de las presiones internacionales contra el Palacio de Miraflores que se avecinan después que diversos actores globales mostraron sus rechazos y adhesiones. Maduro obtuvo el reconocimiento de Pekín. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, instó a los impugnadores de Maduro a “respetar la elección” que lo atornilla al poder y el mismo derecho de su Gobierno a “elegir su propio camino de desarrollo”.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, criticó la “política exterior incoherente de Estados Unidos y sus aliados hacia Venezuela”. Y añadió no sin cierta mordacidad: “¿cuándo dejó (Washington) de reconocer al presidente títere Guaidó y empezó a apoyar a otro que perdió las elecciones (por Edmundo González Urrutia)?”.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se alineó en la misma dirección aprobatoria. Erdogan había estado en Caracas en el crítico año 2018, después de que arreciaran las críticas allende los mares a las elecciones presidenciales. El canciller Yván Gil agradeció por su parte el respaldo de Irán al Palació de Miraflores ante “la actual ola de agresiones” que “buscan desestabilizar” al Gobierno.
La cuestión petrolera
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Más allá de los reacomodamientos internacionales, existe otro tipo de aislamiento que puede limitar las acciones de Maduro y es el factor petrolero para un país en el que los hidrocarburos representan el 94% de sus ventas al mundo. Un nuevo capítulo de sanciones norteamericanas podría afectar a Venezuela en dos instancias que se complementan. De un lado, limitar la capacidad de la estatal PDVSA para renegociar una deuda por unos 35.000 millones de dólares, casi un cuarto de los pasivos de un país que ha suspendido los pagos a sus acreedores desde 2017. Pero por el otro, la Casa Blanca había “suavizado” las sanciones contra el Palacio de Miraflores al autorizar la permanencia de Chevron en territorio venezolano. El aumento de la producción de crudo que permitió salir de un estado de calamidad crónica derivado del conflicto interno está relacionado en gran parte con el papel que ha desempeñado esa multinacional norteamericana. Una salida de esa firma impactaría en el corazón del prometido renacimiento económico.
En la actualidad, Venezuela produce unos 864.000 barriles por día (BPD), de acuerdo con la OPEP. Un 47% de ese total le corresponde a PDVSA. El porcentaje restante recae en las firmas privadas que se han asociado con la petrolera anfitriona. La disputa política que se expresó en las urnas y en las calles puede en adelante trasladarse a los campos petroleros si se tiene en cuenta la presencia no solo de Chevron, sino de la rusa NOC, la china CNPC, Repsol, la francesa M&P, la italiana ENI, y la anglo-francesa Parenco.
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La existencia de crisis más problemáticas que la que protagoniza Maduro, como la Ucrania devastada por la invasión rusa, o la desgracia de Oriente Próximo, ubican a Venezuela en un lugar paradójico. Una parte de los inversores puede considerar la opción de mantenerse en su territorio o hacer pie como una alternativa para garantizar la seguridad energética del mismo Occidente que rechaza al Palacio de Miraflores. Pronto se verá si las empresas de muchos países indignados con los resultados electorales están dispuestos a resignar los fabulosos beneficios que les ha prometido el “presidente obrero” si seguía seis años en funciones, o reconsideran el convite bajo la convicción de que no existirán condiciones políticas para invertir. Ese último escenario impactaría fuerte en la capacidad de supervivencia del Gobierno.
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